Los principios de los derechos humanos están arraigados en el derecho nacional e internacional desde hace décadas. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos(DUDH), establecida en 1948, describe la "promoción del respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales" de los Estados miembros de la ONU. Del mismo modo, los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos(UNGP) son un conjunto de directrices para que los Estados y las empresas prevengan, aborden y remedien los abusos de los derechos humanos cometidos en las operaciones empresariales.

La incorporación de las normas de derechos humanos en las políticas puede ayudar a los mecanismos de reclamación a cumplir sus propios mandatos y a responder a la evolución de las exigencias normativas. También envía un mensaje claro de la organización a las personas potencialmente afectadas por un proyecto de que no se les dejará de lado en el proceso de desarrollo.

El séptimo seminario web del GRAM, organizado por la Unidad de Cumplimiento Social y Medioambiental(SECU) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(ACNUDH) el 5 de octubre de 2022, se centró en cómo integrar de forma significativa los principios y requisitos de derechos humanos en las políticas de salvaguardia y los procesos de mecanismos de reclamación.

Christine Reddell, especialista en casos y políticas de la SECU, explicó por qué son importantes los derechos humanos en las salvaguardias y cómo el PNUD ha incorporado los principios de derechos humanos y la diligencia debida en sus propias normas. A continuación, Mac Darrow y Margaret Wachenfeld, de la OACDH, expusieron su reciente estudio de evaluación comparativa sobre la importancia de ser explícito en materia de derechos humanos y la relevancia de los derechos humanos en los procesos de reparación de reclamaciones. Por último, el seminario web concluyó con Anne Perrault, responsable de cumplimiento de la SECU, que compartió ejemplos de Malawi y Kirguistán sobre cómo la incorporación de las normas de derechos humanos ha beneficiado a sus investigaciones.