En 2010, unos 250 hogares de las comunidades de Mubende y Kiboga, en Uganda, fueron desalojados de sus hogares en las reservas forestales. Unos años antes, el gobierno concedió a la New Forests Company una licencia para operar con empresas comerciales.

Con el apoyo de Oxfam Reino Unido, las dos comunidades presentaron una denuncia ante la Oficina del Asesor de Cumplimiento Ombudsman(CAO) en 2011. Las comunidades afirmaban haber sufrido daños físicos y emocionales a causa de los desalojos y el gobierno ugandés o la Autoridad Forestal Nacional no les ofrecieron compensación ni reasentamiento.

Tras la publicación de un informe de evaluación, la CAO recurrió a la resolución de conflictos para facilitar las conversaciones entre New Forests Company, las dos comunidades afectadas, Oxfam y los representantes legales. Estas conversaciones dieron lugar a un acuerdo marco que permitió a las comunidades reasentarse en las tierras forestales, cosechar y construir casas. También recibieron seguridad en la tenencia a través de la recién creada Sociedad de Cooperación Mubende Bukakikama, encargada de gestionar la propiedad de las tierras.

El caso es un excelente ejemplo de la quinta norma de desempeño (PS5) de las Salvaguardias Ambientales y Sociales sobre Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario de la CFI, que fue el tema principal durante un reciente seminario web de la Asociación de Mecanismos de Reclamación y Rendición de Cuentas (GRAM ), organizado el 24 de marzo por el Mecanismo Independiente de Reclamación.

Tiffany Hodgson, Directora de Salvaguardias Ambientales y Sociales, Género y Pueblos Indígenas del Fondo Verde para el Clima, ofreció una visión general de la quinta norma de desempeño. Explicó cómo se anima a las empresas a evitar el traslado involuntario en la medida de lo posible, y a mitigar el impacto sobre los desplazados con medidas de mitigación como la compensación justa y la mejora de las condiciones de vida. También compartió algunos de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de relacionarse con las partes interesadas, entre ellos:

• Comprometerse con las comunidades afectadas durante todas las etapas: Planificación, ejecución, seguimiento y evaluación
• Comprometerse con las comunidades afectadas para evitar agravios
• Incluir opciones y alternativas en los procesos de toma de decisiones
• Garantizar la divulgación de la información pertinente
• Consultar con los pueblos indígenas
• Establecer un mecanismo de reclamación

Ben Schoeman, un mediador que trabaja con la CAO, compartió el ejemplo anterior sobre el desalojo de dos comunidades en Uganda. Habló de algunos de los retos que surgieron durante el caso.

"Una de las complicaciones era que la CFI había invertido en una institución intermediaria que a su vez había invertido en la empresa forestal. No era una inversión directa de la CFI en la empresa forestal, sino en la intermediaria".

La Profesora Arntraud Hartmann, miembro del Panel del Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas (MRI) de los Bancos de Desarrollo alemán, francés y holandés (DEG, PROPARCO y FMO) y el Dr. Lalanath de Silva, Director de MIR, compartieron un ejemplo de revisión de cumplimiento de Camboya. El proyecto, financiado por un préstamo del BAD, tenía por objeto rehabilitar 642 km de ferrocarril y supuso el reasentamiento involuntario de más de 2.500 hogares. Una investigación realizada por el Panel Independiente de Revisión del Cumplimiento del BAD descubrió que los demandantes y otras personas afectadas no fueron compensados adecuadamente ni se les proporcionó una vivienda de sustitución estándar. Además, muchas de las familias reasentadas terminaron con altos niveles de endeudamiento, siendo presa de los usureros.

Las presentaciones fueron seguidas de un debate de grupo que se centró en la aplicación de medidas de apoyo provisionales durante las negociaciones, el trabajo con actores difíciles, el aprovechamiento del apoyo local sobre el terreno, el desarrollo de planes de restablecimiento de los ingresos, la solución de los retrasos en las indemnizaciones y la gestión de los desacuerdos por parte de los demandantes.