En la cumbre del clima celebrada en Glasgow hace dos semanas se adoptó un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático. Los líderes mundiales y los negociadores del clima se comprometieron a mantener el tope de 1,5 grados de temperatura global y a proporcionar más fondos a las naciones en desarrollo para la adaptación y mitigación del clima. También acordaron reducir progresivamente el carbón. Diplomáticos y negociadores experimentados consideraron el acuerdo un buen avance. Los grupos de la sociedad civil lo criticaron como insuficiente y no más que "bla, bla". La historia juzgará el impacto de este acuerdo. Pero una cosa está clara. Es probable que los países en desarrollo dispongan de más fondos para proyectos relacionados con el cambio climático.

Gran parte de esos fondos fluirán a través de las instituciones financieras internacionales y nacionales, así como de los mecanismos financieros para el clima, como GCF, el FMAM y el Fondo de Adaptación. Habrá más fondos disponibles para proyectos de mitigación, como los de energía renovable, eficiencia energética y captura de carbono. Del mismo modo, habrá más fondos disponibles para proyectos de adaptación, como la protección del litoral, la conservación del agua, la agricultura resistente al clima, los sistemas de alerta temprana y los planes de protección contra las inundaciones.

Con el creciente número de intervenciones de proyectos, las comunidades de todo el mundo, incluidas las indígenas, tendrán la oportunidad de beneficiarse de estas intervenciones de desarrollo. Que se beneficien de estos proyectos dependerá en parte de que se les ofrezcan oportunidades significativas de participar en el diseño y la ejecución de los mismos. Lamentablemente, la participación significativa de las comunidades en el diseño y la ejecución de los proyectos sigue siendo una rareza. Aunque muchas instituciones financieras exigen que el diseño y la ejecución de los proyectos sean participativos, la realidad sobre el terreno es muy diferente. Las comunidades marginadas se quejan de que a menudo no se les consulta y de que la participación comunitaria se ha convertido en un ejercicio de marcar casillas.

En consecuencia, la mayoría de las veces las comunidades tienen poca o ninguna participación en el diseño y la ejecución de los proyectos, incluso cuando se supone que son los beneficiarios. En algunos casos, esto da lugar a conflictos. Los conflictos pueden surgir simplemente porque las comunidades no tienen la información que necesitan para entender el proyecto y sus beneficios. También pueden surgir porque las comunidades sienten que no han tenido voz en el diseño y la ejecución del proyecto. Por último, los conflictos pueden surgir por los impactos adversos del proyecto. ¿Dónde puede dirigirse una comunidad para obtener reparación y remedio cuando surgen los conflictos? Ahí es donde entran en juego los Mecanismos de Reparación de Reclamaciones (GRM). En la página web MIR se ha escrito mucho sobre los GRM, pero basta con decir que son creados por las organizaciones encargadas de la ejecución de los proyectos con el fin de ofrecer una vía para atender las quejas y reclamaciones de las personas afectadas por sus proyectos.

Los GRM ofrecen una forma alternativa de justicia a la que las comunidades pueden acceder. La mayoría de las organizaciones jurídicas de interés público que ayudan a las comunidades en los conflictos relacionados con los proyectos desconocen la existencia de estos GRM o no confían en que ofrezcan soluciones. Muchas aconsejan a las comunidades que lleven los conflictos a los tribunales nacionales o internacionales. Aunque los sistemas judiciales nacionales siempre deben estar abiertos a las comunidades para obtener reparación, los GRM ofrecen una forma mucho más barata y a menudo más rápida para que las comunidades obtengan recursos, al menos parciales. Además, muchas instituciones financieras internacionales que financian proyectos son inmunes a las demandas o tienen muchos más recursos que una comunidad para luchar contra las acciones legales. Por ello, se anima a los grupos jurídicos de interés público y a los abogados a que exploren y utilicen el sistema alternativo de GRM que cada vez está más disponible en los sectores público, privado e incluso de la sociedad civil. También se les anima a que se familiaricen con los métodos alternativos de resolución de conflictos, incluso a través de los GRM. Cuanto más se ayude a las comunidades a utilizar estos sistemas de justicia alternativos, más se fortalecerán y permitirán que las comunidades obtengan recursos.