Imagina un proyecto de desarrollo muy grande. Todo el mundo está muy interesado en que el proyecto se ponga en marcha lo antes posible. Por ello, el personal del proyecto se desplaza al lugar del proyecto e informa a los aldeanos de que el proyecto puede requerir algunos cambios en sus tierras.

Lamentablemente, como el personal del proyecto no habla la lengua local de los aldeanos, surge la confusión sobre la naturaleza exacta y las consecuencias de los cambios, así como sobre los derechos de los aldeanos. En particular, los aldeanos desconocen la existencia de un Mecanismo de Reclamación (GRM). En consecuencia, los aldeanos se sienten bastante confusos e indefensos cuando el personal del proyecto llega a sus tierras dos meses después y les pide que las desalojen.

De hecho, los habitantes del pueblo no han presentado ninguna queja, pero ¿significa eso que no tienen ningún agravio? Es casi seguro que no. En este escenario, como en la vida, el silencio no siempre es producto de la felicidad; podemos callar sólo porque no vemos otra opción. Afortunadamente para los aldeanos, una ONG local ha seguido este proyecto y está al tanto de la situación. Presentan una noticia que documenta la difícil situación de los aldeanos. Esto llega a la atención del Mecanismo de Reparación de Reclamaciones de la entidad que financia el proyecto. ¿Pueden hacer algo al respecto?

Una de las funciones únicas del Mecanismo Independiente de Reparación (MIR) del Fondo Verde para el Clima (GCF) es la capacidad de autoiniciar procedimientos, y esto fue diseñado específicamente para situaciones como la descrita anteriormente. Los procedimientos pueden ser autoiniciados cuando se cumplen tres condiciones. En primer lugar, MIR debe recibir información de una fuente creíble de que un proyecto o programa financiado por GCF ha tenido o puede tener un impacto negativo sobre una persona, un grupo de personas o una comunidad. En segundo lugar, la información, de ser cierta, debe suponer un riesgo significativo para la reputación de GCF. En tercer lugar, las personas afectadas deben ser incapaces de acceder a MIR. Si se cumplen estas condiciones, MIR puede proceder a investigar y tratar de resolver los problemas.

En agosto de 2018, como resultado del seguimiento rutinario de la prensa, el MIR se encontró con tres artículos que planteaban preocupaciones sobre GCF Proyecto financiado FP001: Construcción de la resiliencia de los humedales en la provincia de Datem del Marañón, Perú. El proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de resiliencia y los medios de vida de las comunidades indígenas que viven en el rico ecosistema de humedales con reservas de carbono en la región de Loreto, Perú. El proyecto también pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación. Una actividad importante para lograr estos fines es la creación de áreas de conservación ambiental (ACA).

Los artículos planteaban varias preocupaciones sobre el proyecto. En primer lugar, los artículos cuestionaban el impacto de las ACA en los esfuerzos que están realizando los pueblos indígenas de la región para conseguir el reconocimiento de sus tierras consuetudinarias colectivas. En segundo lugar, también cuestionaban la idoneidad del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) llevado a cabo. El CLPI otorga a los pueblos indígenas el derecho a ser informados de manera significativa sobre un proyecto que pueda afectar a sus derechos o a sus tierras y, además, les permite dar o negar su consentimiento a dicho proyecto. Por último, los artículos destacaban cuestiones relacionadas con la categorización del riesgo del proyecto. A cada proyecto o programa de GCF se le asigna una categoría de riesgo, que se basa en las normas medioambientales y sociales de GCF. Esta categorización afectará, por ejemplo, a la naturaleza y profundidad de las futuras evaluaciones y compromisos medioambientales y sociales en relación con el proyecto.

Tras determinar que estos artículos planteaban problemas creíbles en relación con el proyecto financiado por GCF , MIR inició una investigación preliminar para determinar si había pruebas suficientes para iniciar un procedimiento. Como parte de su investigación preliminar, MIR revisó documentos y entrevistó a los principales interesados externos e internos. Tras ello, MIR llegó a la conclusión de que había pruebas suficientes para iniciar un procedimiento.

Sin embargo, en lugar de iniciar un procedimiento, MIR determinó que sería más beneficioso para todas las partes implicadas que se comprometiera directamente con la Secretaría para ver si se podían aplicar medidas correctoras de forma rápida y económica. Tras unas fructíferas conversaciones con la Secretaría, el Director Ejecutivo de la misma, Yannick Glemarec, aceptó unos compromisos con un plazo determinado para subsanar los problemas detectados.

Se acordaron cuatro puntos de acción. En primer lugar, la Secretaría acordó publicar orientaciones sobre el CLPI (en particular, los requisitos de documentación) para todas las entidades acreditadas. En segundo lugar, se acordó publicar unas orientaciones para las entidades acreditadas sobre cómo evaluar los riesgos y clasificar los proyectos cuando están involucrados los pueblos indígenas. En tercer lugar, acordaron que la EA, o en su defecto la Secretaría, encargaría un dictamen jurídico de expertos, que evaluará si los ACAs afectarán negativamente a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas o socavarán su capacidad de titular sus tierras. Por último, la Secretaría acordó asegurarse de que la documentación sobre el CLPI presentada por la entidad acreditada para el establecimiento de la ACA esté completa y se ajuste a las directrices emitidas por GCF.

En el estado actual de la situación, la MIR está supervisando la aplicación del plan de acción. La Secretaría ya ha implementado dos de las cuatro acciones enumeradas anteriormente. En concreto, ha publicado orientaciones sobre el CLPI y sobre la selección y categorización de las actividades en las que participan los pueblos indígenas*. La Secretaría ha solicitado más tiempo en relación con los otros dos puntos, citando la complejidad del proceso de evaluación y la disponibilidad de expertos como las principales razones del retraso. Sin embargo, la Secretaría ha confirmado que las ACA no se establecerán hasta que se haya completado la evaluación de la titulación de las tierras.

En la página de registro de casos de MIRse puede encontrar un registro completo del caso, los pasos dados y los progresos realizados en relación con el plan de acción. Se puede acceder a ella mediante el siguiente enlace.

* Para la orientación sobre el CLPI véase, http://greenclimate.fund/documents/guidelines-indigenous-peoples-policy (visitado el 6 de noviembre de 2019); para la orientación relativa a la selección y la categorización de las actividades que implican a los pueblos indígenas véase, https://www.greenclimate.fund/document/sustainability-guidance-note-screening-and-categorizing-gcf-financed-activities (visitado el 6 de noviembre de 2019).